Brasil: El peligroso cóctel de abusos policiales e
impunidad amenaza la Copa Mundial
Los manifestantes que se echen a
la calle en Brasil durante la
celebración en breve de la Copa Mundial
están expuestos a sufrir violencia indiscriminada a manos de la policía y el
ejército a medida que el país intensifica los esfuerzos por controlar las
manifestaciones, ha manifestado Amnistía Internacional a una semana del
comienzo del campeonato.
“El deficiente historial de Brasil en materia de mantenimiento del
orden público, la dependencia del ejército para controlar las manifestaciones,
la falta de formación y el clima de impunidad constituyen un peligroso cóctel
en el que los únicos perdedores son los manifestantes pacíficos”, ha señalado
Atila Roque, director de Amnistía
Internacional Brasil.
“La Copa Mundial 2014 será una prueba decisiva para las autoridades
de Brasil. Tienen que aprovechar la
oportunidad e intensificar sus esfuerzos para garantizar que las fuerzas de
seguridad encargadas de controlar las manifestaciones durante el campeonato no
cometen ninguna violación más de derechos humanos”, ha añadido Atila Roque.
En el informe “Usan una estrategia de miedo: Protección
del derecho a la protesta en Brasil”, Amnistía Internacional analiza el
catálogo de abusos que las fuerzas de seguridad cometieron el año pasado.
Entre ellos figura el uso
indiscriminado de gas lacrimógeno y de balas de goma contra manifestantes
pacíficos, detenciones arbitrarias y uso indebido de la ley para abordar y
sancionar a quienes se echan a la calle. Es de suponer que seguirán empleándose
estas tácticas durante el campeonato.
Activistas
de Amnistía Internacional
sacarán hoy en Brasilia decenas de “tarjetas amarillas” a las autoridades
federales, firmadas por personas de todo el mundo, para advertirles de que
deben respetar el derecho de manifestación pacífica.
“El mundo está enviando a las
autoridades un mensaje claro, a saber: manifestarse no es delito, es un derecho
humano. En vez de recurrir a la violencia para reprimir las protestas, el
gobierno y las fuerzas de seguridad tienen que cumplir con su obligación de
garantizar que se puede decir lo que se piensa en condiciones de seguridad y
sin temor a resultar herido o detenido”, ha explicado Atila Roque.
Desde junio de 2013, millares de
brasileños se vienen echando a la calle en manifestaciones multitudinarias que
no tienen precedente. Protestan por el aumento del precio del transporte
público, el alto costo de la Copa
Mundial y la falta de inversión suficiente en servicios públicos.
Centenares de personas han
resultado heridas en ciudades de todo Brasil
tras disparar la policía militar balas de goma contra ellas pese a que no
representaban ninguna amenaza o golpearlas con porras.
Sérgio
Silva,
fotógrafo profesional de 32 años, perdió el ojo izquierdo tras recibir el
impacto de una bala de goma durante una manifestación contra el alza del precio
del billete de autobús en São Paulo el 13 de junio de 2013.
A Silva, que está casado y tiene
dos hijos, le resulta ahora muy difícil realizar su trabajo. Jamás ha recibido
oficialmente una explicación, disculpa ni ofrecimiento de una indemnización por
parte de las autoridades.
La policía militar también ha
hecho uso de gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, llegando incluso a
lanzar un bote de humo dentro de un hospital en Río de Janeiro.
Asimismo, se ha detenido
indiscriminadamente a centenares de personas, en algunos casos en aplicación de
leyes contra la delincuencia organizada y sin prueba alguna de participación en
actividades delictivas.
Humberto
Caporalli,
de 24 años, fue detenido y acusado formalmente tras participar en una
manifestación en favor de la educación en São Paulo el 7 de octubre de 2013.
En la comisaría de policía, lo
presionaron para que revelara a los agentes la contraseña de su cuenta de
Facebook a fin de que pudieran comprobar lo que publicaba. Lo tuvieron recluido
durante dos días, hasta que un juez le concedió la libertad bajo fianza.
Los legisladores brasileños están
examinando también una serie de propuestas de ley que restringen aún más el
derecho de manifestación pacífica.
En virtud de un proyecto de ley
antiterrorista que se ha presentado al Congreso Nacional se podría adoptar una
amplia definición del terrorismo que permite, por ejemplo, entender como tal
los daños a bienes y a servicios esenciales. Se teme que, si se aprueba esta
ley, se haga uso indebido de ella contra manifestantes pacíficos.
“Con la atención mundial centrada
en Brasil, las autoridades deben comprometerse públicamente a no hacer uso
excesivo de la fuerza contra manifestantes y a investigar los abusos. De lo
contrario, darán carta blanca a las fuerzas de seguridad para que sigan
cometiendo abusos contra los derechos humanos”, ha manifestado Atila Roque.
Fuente: Amnistía Internacional Venezuela
Fotografías: Midia Ninja-Amnesty International
